Al iniciar el día la ex senadora Piedad Córdoba anunció que ya se encontraba en los helicópteros de la operación que traería a la libertad al concejal de San José del Guaviare, Marcos Baquero. El presidente Santos afirmó en los pasados días que este gesto no mostraba la voluntad política de las FARC y las invitaba a dejar las armas.
Para el colombiano desprevenido, que se informa a través de los medios hegemónicos de comunicación le parecería que dicha posición gubernamental es lógica y justa. Pero la verdad es que el conflicto armado y nuestra historia explica el por qué las FARC y el ELN retienen civiles y militares. En todo conflicto armado los ejércitos en confrontación retienen prisioneros, dichos prisioneros son en su mayoría combatientes o colaboradores directos de los bandos en contienda.
Dentro del Derecho Internacional Humanitario, el prisionero de guerra debe tener unas mínimas condiciones para su supervivencia y entre ellas, la posibilidad que entre los bandos se realicen acuerdos humanitarios para el intercambio de prisioneros. Nadie puede negar que muchos de los políticos retenidos por las guerrillas han participado activamente del conflicto, la parapolítica nos demostró que el control militar por parte de la ultraderecha se reflejaba y consolidaba a través del aparato estatal, la participación de grupos parlamentarios y gobernantes locales en las actividades militares y paramilitares los hacen colaboradores y en algunos casos hasta miembros de organizaciones armadas.
Por lo tanto, éstos son prisioneros de guerra y no secuestrados. La práctica de retener prisioneros la realiza por su parte el Gobierno Nacional, quien a su vez la amplía a toda la oposición política; utiliza el delito de rebelión como un comodín y aquello que escapa a la acción legal es trabajo para su accionar ilegal que son los mismos paramilitares. La Guerra Sucia contra las organizaciones sociales, las desapariciones y las masacres se escapan de toda lógica de guerra legítima, pero estas acciones si son invisibilizadas por los medios de comunicación.
Es legítimo tener prisioneros de guerra, y más garantizar su vida a través de la negociación, lo que no puede legitimarse es la negligencia y la manipulación política de la situación. El gesto de las FARC es muestra de su interés en establecer medios de interlocución con el enemigo y quien saca provecho de ello en los medios, porque los tiene de su lado, es el Gobierno Nacional que cierra constantemente la puerta de la paz. No es una defensa de las FARC, sino un análisis imparcial de una acción humanitaria legítima que quiere ser satanizada y aprovechada para cerrarle el paso a la paz.
El Gobierno Santos está repitiendo al pie de la letra el discurso extremista de su antecesor, quien no sólo no acabó con las organizaciones guerrilleras, sino que agudizó el conflicto y criminalizó a la oposición política. La pregunta es ¿Cuál es la voluntad del Gobierno Nacional para alcanzar el fin del conflicto armado? El siguiente paso le corresponde a Juan Manuel Santos.
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